Escuelas Interculturales

La apuesta por una educación intercultural

Victorino Mayoral

La Liga Española formaba parte de un movimiento histórico que, desde finales del siglo XIX, promocionó no solo la idea ilustrada de la educación como condición imprescindible para el progreso humano, en su lucha contra la superstición y la ignorancia que tenían reducida a la especie humana a una situación de permanente minoría de edad (Kant), sino también por la institución escolar que haría posible ese derecho para todo el pueblo.

La educación y la cultura como derecho de todos; la noble idea de la ciudadanía democrática y sus valores como derecho irrenunciables a realizar; la laicidad, como recurso para organizar la convivencia en paz y tolerancia, el desarrollo de la personalidad y la conciencia libre y no como expresión sectaria y limitadora que niega las convicciones y creencias libremente asumidas por los ciudadanos.

La Liga es una organización de militancia social, nacida para la promoción de los valores éticos cívicos democráticos, de una ética laica común y compartida entre personas de diferentes creencias y culturas, y de una ciudadanía plena, por medio de la intervención solidaria en programas que beneficien a la infancia, las familias, los jóvenes, los inmigrantes, la escuela pública, la formación de una ciudadanía activa y participativa y el apoyo a quienes necesitan nuestra solidaridad activa.

Como movimiento educativo, cultural y social de la sociedad civil nuestra finalidad consiste en esforzarnos para que todos puedan disfrutar del derecho a la educación y a la cultura, como medio para que todas las personas puedan alcanzar el estatus de ciudadanía plena en una sociedad solidaria, democrática y justa. Por ello defendemos el derecho a la educación, a la cultura y a la educación permanente como elemento imprescindible para el desarrollo del ser humano sea cual sea su edad, sexo, condición social o de otra especie. Creemos que la educación es el camino imprescindible para formar ciudadanos y conseguir que actúen como miembros activos de la sociedad.

Sabemos que existen muchas dificultades que es preciso vencer para que muchos ciudadanos alcancen la realización de su derecho a la educación. Este derecho no consiste solamente en disponer de una plaza escolar, pública gratuita y de calidad, lo cual consideramos como la condición de partida insustituible, sino en lograr también el éxito escolar, cuestión todavía más compleja. De modo que la escuela sea un medio para el desarrollo personal y pleno de la personalidad de todos los alumnos y no el ámbito de su fracaso o estación terminal de las esperanzas y las expectativas del futuro de los alumnos y alumnas. Sabemos que el sistema educativo de una sociedad desigual como la nuestra contiene factores importantes de discriminación. Favorece a los favorecidos y ofrece escasas posibilidades a los desfavorecidos, que son habitualmente los que experimentan el fracaso escolar. Esta situación no termina en la escuela, porque al salir de ella el destino laboral, profesional y social queda definitivamente sentenciado para la inmensa mayoría.

Así pues, el derecho a la educación es uno de los fundamentales que constituyen la ciudadanía social y debe ser garantizado a todas las personas con independencia de su origen, etnia, sexo, religión, u origen cultural. Esta garantía se sitúa bajo la responsabilidad de los poderes públicos democráticos y se realiza en las instituciones escolares, ya que es la misión de servicio a la sociedad que tienen encomendada. Sin embargo, los cambios de todo tipo que han acompañado al proceso de globalización, la manifestación más incisiva y decisiva del actual momento histórico, sitúan a las autoridades educativas y a la escuela misma ante retos hasta ahora no conocidos, al menos en nuestra sociedad. En el seno de sociedades seguras de sus viejas identidades y prácticamente mono-culturales, tradicionalmente homogéneas en casi todos los factores de integración se está produciendo una mutación gradual hacia una mayor complejidad, diversidad, y pluralidad de sus componentes humanos. Naturalmente esta creciente pluralidad de la sociedad se refleja en la escuela, de tal modo que poco a poco se están configurando nuevas comunidades escolares en el seno de las cuales conviven alumnos y familias de una amplia diversidad de orígenes.

Las manifestaciones de pluralismo que en varios órdenes existen ya en España han superado ampliamente las antiguas clasificaciones derivadas de la diversidad territorial de las nacionalidades y regiones.

Esa diversidad fue abordada por el proceso constitucional iniciado en 1978, para dar salida al viejo “problema territorial” que arrastró nuestro país durante gran parte de los siglos XIX y XX. Hoy nuestras escuelas incorporan sin duda una educación coherente con la diversidad cultural de los diferentes territorios y comunidades autónomas; se trata, pues, de una diversidad ya asumida por nuestro sistema educativo.

Sin embargo, también como consecuencia del ejercicio por parte de los ciudadanos españoles de sus derechos civiles, en este caso relacionados con la libertad ideológica y de conciencia, garantizados por la constitución de 1978, fueron emergiendo otras manifestaciones individuales y colectivas de diversidad, de pluralismo religioso y moral que, igualmente, venían a romper el antiguo corsé monopolístico que en estos aspectos imperaba durante la Dictadura. Estos cambios, que se habían hecho cada vez más manifiestos y relevantes como consecuencia del proceso de secularización de nuestra sociedad y de su aproximación hacia un modelo de sociedad abierta, se han visto finalmente potenciados por el impacto que ha originado el fenómeno migratorio con la incorporación a la población española de más de 5 millones de inmigrantes, el 12% de la población del Estado en un cortísimo espacio de tiempo que no llegó a los 10 años. Son personas procedentes de un amplio espectro de orígenes culturales, nacionales, étnicos y continentales, que han dado lugar a un panorama multicultural muchísimo más acentuado que el que podría significar la propia diversidad que en España fue abordada por primera vez con fortuna en los inicios del actual sistema democrático.

Uno de los desafíos más importantes del momento político español en general, y de su política educativa, en particular –apoyada por una ley como la LOE que establece la interculturalidad como uno de los principios que deben inspirar la acción educativa en todos los centros escolares- consiste, precisamente, en integrar los pluralismos surgidos en la sociedad democrática contemporánea, ya que resulta más que evidente que el monoculturalismo hasta ahora hegemónico no responde a las demandas actuales de la sociedad, ni por si solo permite integrar la diversidad creciente, ni puede garantizar una adecuada convivencia civil. Esa convivencia ha de realizarse ya en el marco constitucional de una sociedad abierta, capaz de evitar el choque de culturas, religiones y etnias, y ha de tener como uno de sus escenarios preferentes la convivencia garantizada en el seno de comunidades escolares de unos centros educativos que también debe ser definidos como escuela abierta, del mismo modo que lo es la sociedad a la que sirven.

Una sociedad abierta, como dijo Giovani Sartori, es aquella “buena sociedad”, de carácter pluralista, basada en la tolerancia y en el valor de la diversidad. Se trata del modelo social racional y civilizado que permite abordar los nuevos fenómenos de pluralidad creciente entre los habitantes de los países económicamente avanzados y democráticos, a partir del entendimiento y la aceptación de un pluralismo cuya práctica se realiza de modo ordenado y deliberado. Un pluralismo que trate a cualquier identidad que tengan las personas, adquirida de manera voluntaria o involuntaria, por decisión voluntaria de su libertad de elección o derivada de su pertenencia a etnias o culturas determinadas, de la misma manera, igualitariamente. Este modelo de sociedad intercultural y abierta es incompatible con el multiculturalismo que, a juicio de Sartori, reivindica la secesión cultural y se resuelve no solo en la “tribalización” de la cultura sino también en el antipluralismo.

Una comunidad humana y democrática que merezca tal nombre, y de modo especial la comunidad escolar, no puede sobrevivir, ni es sostenible, si está fragmentada en comunidades culturales y grupos cerrados sobre sí mismos y que, en la práctica, funcionen como contracomunidades que rechacen las reglas, los valores y los demás elementos comunes en los que se basa la convivencia de los miembros de la comunidad abierta que los integra y que tiene su expresión fundamental en el reconocimiento común de los derechos de ciudadanía igual. En las sociedades que garantizan las riquezas de la diversidad de sus ciudadanos y han reconocido la superación de la tradicional homogeneidad monocultural, el valor de la ciudadanía es la garantía de la convivencia y de la práctica intercultural. Porque la ciudadanía, fundamentada en su estatuto democrático de derechos civiles, políticos y sociales, realiza una función integradora, siempre que no sea obstaculizada por el modelo unitario y cerrado propio de la ideología nacionalista y sea capaz de abordar el respeto a los derechos, la dignidad y la pluralidad de los seres humanos.

Al fin y al cabo es lo que propone el mandado constitucional del art. 14 sobre la igualdad de todos los ciudadanos, “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Este mandato de la Constitución Española es coherente con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a todos nos obliga jurídica y moralmente, según la cual todas las personas, todos los seres humanos, tienen todos los derechos y libertades proclamados universalmente, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Entre tales derechos está el derecho a la educación que deberá favorecer “la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos”. (art. 2 punto 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

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