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Fundamentos filosóficos de le educación cívica intercultural

Luís María Cifuentes

Introducción

En este capítulo voy a desarrollar los fundamentos ético-políticos en los que se basa la educación cívica en los sistemas educativos de la Unión Europea y también brevemente el significado de la materia de Educación para la ciudadanía (EpC) y los Derechos Humanos del sistema educativo español.

El fundamento ético, político y jurídico de los sistemas educativos europeos es común a todos ellos: los principios y valores contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La defensa de esos principios y de esos valores está también en todas las constituciones de las democracias europeas.

De tal modo que la educación cívica que actualmente se imparte en todos los países europeos tiene como fundamento ético y jurídico la dignidad personal de todos los ciudadanos con su consiguiente reconocimiento de derechos y de deberes.

En el desarrollo del capítulo voy a exponer dos aspectos distintos; en primer lugar, haré un breve desarrollo histórico del significado de las virtudes cívicas desde la época clásica griega hasta la actualidad; y en el segundo apartado expondré de qué modo la Educación para la Ciudadanía puede y debe contribuir a la profundización de la democracia y del civismo en el ámbito escolar y también en la sociedad española.

1. Breve historia del concepto de virtud cívica. Virtud individual y virtud cívica.

En la época griega y durante la Edad Media, la idea de que la virtud era algo individual y social al mismo tiempo no ofrecía ningún tipo de duda. La virtud, según los grandes pensadores griegos Platón y Aristóteles, no es una cuestión moral individual al margen de la política.

El ser humano que Platón diseña en su ideal utópico de República justa y feliz no puede construir una vida buena sin tener en cuenta la situación de los demás habitantes de la República. Unos son productores, otros trabajan como guerreros y otros como gobernantes, pero nadie puede concebir ni ejercer su vida buena al margen de la sociedad.

En el caso de Aristóteles, es bien conocida sus tesis de que “el ser humano es por naturaleza un animal cívico” (Política, II, p.48-49. 1977). La importancia que tiene la dimensión política del ser humano es extraordinaria para Aristóteles. La ciudad-estado es algo natural y la convivencia es esencial para el desarrollo de los seres humanos. Aristóteles, llevado por su esquema biologista y organicista, veía en los insectos y en otras especies animales muchas semejanzas con las sociedades humanas, pero también señalaba una diferencia fundamental. Los animales pueden comunicarse mediante sonidos, pero el animal humano posee un instrumento único de comunicación, su lenguaje; y el lenguaje humano sirve para hablar de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto. La ética y la política son ámbitos humanos en los que la animalidad queda integrada y superada en un nivel más elevado de comunicación: el lenguaje ético-político. La sociedad humana no es un simple zoo, sometido totalmente a las presiones del instinto y del sexo; es una organización de seres racionales dotados de “lógos” y de libertad, capaces de dialogar y de convivir buscando la justicia para todos.

Durante la Edad Media la tesis del animal cívico o social fue retomada por el cristianismo, pero dentro de un contexto totalmente nuevo: la Ciudad de Dios, el Reino celestial. La teología de Agustín de Hipona (354-430 d.C.) fue y sigue siendo hoy todavía uno de los referentes fundamentales de la ética y la política para los católicos de todo el mundo. Cuando Agustín contempló el inicio de la decadencia del Imperio Romano con las primeras invasiones de los bárbaros (410) tomó plena conciencia de que había dos modos totalmente distintos y aún opuestos de interpretar la historia humana: la Ciudad terrenal y la Ciudad de Dios.

Las virtudes individuales del verdadero cristiano estaban descritas perfectamente en el Evangelio y se habían realizado ya en la figura de Jesucristo, Hombre y Dios al mismo tiempo. Sin embargo, Agustín fue el primero en elaborar una interpretación cristiana de la historia y de la sociedad humana; él vio que los seres humanos por sí mismos y con sus propias fuerzas eran incapaces de organizar el Bien común y de gobernar con justicia. Sin partir de la fe, la esperanza y la caridad y sin tener en cuenta la Ciudad de Dios, la referencia al cristianismo y a la Iglesia católica y al Papa, no se puede, según Agustín, conseguir la verdadera felicidad ni la paz social ni una auténtica justicia social.

Las tesis centrales del “agustinismo político” han perdurado en la teología y en el pensamiento católico hasta nuestra época. A lo largo de toda la Edad Media y tras la Reforma de Lutero, hubo variaciones teóricas dentro del cristianismo, pero lo esencial de las tesis agustinianas sobre la rivalidad y la lucha entre la Ciudad de Dios y la Ciudad Terrenal se mantuvo esencialmente invariable. Las principales encíclicas sociales de los Papas a lo largo del s. XIX y del XX se reafirmaron en que las virtudes individuales y cívicas del verdadero católico se practican por el seguimiento de Cristo y por la obediencia al Papa, que es su vicario en el mundo.

A pesar de la apertura y del diálogo con otras escuelas de pensamiento ético y político como el marxismo, el existencialismo, el utilitarismo etc. el pensamiento católico sigue hoy siendo fiel a su propia tradición. Su visión de la moral y de la política trasciende el ámbito temporal y humano y se sitúa en una perspectiva trascendente, sobrenatural y teocéntrica. La persona humana, en su dimensión individual y social, está destinada a una vida eterna más allá de esta vida y de esta sociedad; ningún cristiano puede pretender la plenitud de su perfección y su verdadera felicidad en este mundo, porque la Ciudad celeste es la meta a la que todos los católicos deben aspirar y solamente guiados por ese horizonte deben trabajar aquí por la justicia y la felicidad humanas. Como se puede ver, la supeditación de la política a la teología sigue siendo la norma fundamental de la Iglesia católica.

Sin embargo, el concepto actual de las virtudes cívicas está vinculado a una determinada visión de la moral, de la política y de la sociedad que tuvo su mayor desarrollo con los sociólogos y politólogos de los siglos XIX y XX. Uno de los autores que más se preocupó del tema fue Alexis de Tocqueville (1805-1859), quien en su obra La democracia en América (1835-1840) elaboró una serie de reflexiones de extraordinaria actualidad sobre la democracia y las virtudes cívicas.

El hecho de que la sociología y las ciencias políticas de los dos últimos siglos hayan insistido en la necesidad de las virtudes cívicas tiene mucho que ver con la vinculación existente entre las nociones de virtud, ciudadanía y democracia. El discurso sobre la noción de ciudadanía y los ciudadanos debe mucho a la Revolución Francesa (1789) y a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1792), que se elaboró en el proceso revolucionario francés. Ser ciudadano de una república implica ser consciente de unos derechos y de unos deberes para con la sociedad en la que se vive.

En las sociedades democráticas que van apareciendo en Europa tras la caída del Antiguo Régimen en 1789, se habla ya del “ciudadano o ciudadana” y se supera ya definitivamente la idea del “súbdito”. La democracia no es un sistema monárquico ni un despotismo ilustrado, sino un sistema de participación real en el que los ciudadanos tienen la última palabra. Eso significa efectivamente la democracia; que la “soberanía” reside definitivamente en el “démos” (“pueblo” en griego) y no en otras instancias superiores al ser humano ni en “salvadores de la patria” con uniforme militar.

2. Las virtudes cívicas

Miércoles 11 de mayo de 2011, por Luís María Cifuentes La idea de las virtudes cívicas ha estado durante el siglo XX asociada a las dos ideologías políticas más importantes de ese siglo: el comunismo y el capitalismo.

Eso quiere decir que el ideal del ciudadano y del civismo han estado nuy influidos por lo que cada sistema político consideraba como el modelo perfecto de ciudadanía. Así, para el capitalismo, el buen ciudadano era y sigue siendo el que con su iniciativa individual y su trabajo es capaz de generar riqueza individual y utilidad social; el modelo perfecto sería el buen empresario, el buen burgués que emplea su libertad, su tiempo y sus recursos en crear riqueza y oportunidades laborales para sus conciudadanos. La libertad empresarial ha sido siempre el eje fundamental del ciudadano que apoya el capitalismo. En cambio, para la ideología comunista el concepto de ciudadanía estaba vinculado al esfuerzo productivo, a la realización del ideal obrero de producir para la sociedad y para el país; en contrapartida, el Estado proletario tenía que satisfacer adecuadamente las necesidades básicas de todos los ciudadanos: la vivienda, la educación y la sanidad. Mientras que el liberalismo capitalismo exalta la libertad en detrimento de la igualdad, el comunismo exalta la igualdad en prejuicio de la libertad.

Tras la desaparición del Muro de Berlín (1989) y de los dos grandes bloques políticos y militares surgidos en 1945 tras la II Guerra Mundial, el tema de las virtudes cívicas ha ido adquiriendo una nueva dimensión y hoy se contempla desde una nueva óptica: la de la globalización y el multiculturalismo.

El debate entre comunitaristas y no-comunitaristas está marcando en las últimas décadas el sentido cultural y ético-político de esta confrontación.

El comunitarismo defiende con distintos matices que la persona humana es, al mismo tiempo, un sujeto individual y social; un agente moral que va adquiriendo su identidad y personalidad moral en estrecha vinculación con su comunidad cultural, moral y religiosa. Para autores comunitaristas como A.MacIntyre y Ch.Taylor no se puede entender la vida moral, las virtudes ni la ciudadanía sin analizar cuáles son los vínculos morales y religiosos de la comunidad a la que cada individuo pertenece. Por eso, el comunitarismo insiste tanto en la idea de pertenencia a una cultura concreta, a unos valores que dan sentido a la vida moral de cada persona al integrarlos en una sociedad determinada, con rasgos culturales, morales y religiosos propios. De ahí, que se hable hoy tanto del “mosaico cultural” que forman las actuales sociedades, compuestas por muchas y diferentes culturas; y por eso sigue siendo el multiculturalismo uno de los temas más controvertidos en la sociedad actual.

Frente al comunitarismo, el neomarxismo de Habermas. K.O. Apel y el contractualismo de J.Rawls insisten más bien en que el ciudadano es tal por su vinculación a unos valores y a unas leyes democráticas que todos compartimos y que se basan en algo universalizable y no en las tradiciones culturales, morales y religiosas de cada pueblo o nación. Mientras que el comunitarismo insiste en las raíces culturales colectivas que dan identidad moral y diferencian a los seres humanos, los autores neomarxistas defienden la racionalidad universal y formal de los derechos, de las leyes y de los valores comunes, que se derivan de los Derechos Humanos y de las Constituciones democráticas de cada país.

Son dos formas de intentar resolver el enfrentamiento entre una concepción que pone el acento en la identidad comunitaria y en las tradiciones morales y religiosas y otra visión más racionalista y universalista que se centra más en el derecho y en la ética. Tanto los comunitaristas como los que no lo son, coinciden en que la vida individual y social de cada persona esté entretejida entre sí; para los autores de la Declaración Universal de Derechos Humanos ésta es aplicable a todos los sujetos de cualquier lugar del mundo, sea cual sea su tradición moral o religiosa. El problema surge cuando en el mismo país y en la misma sociedad, alguien pretende en nombre de su pertenencia a una comunidad religiosa o moral no solo que se respete su identidad, sino sobre todo que pretenda imponer a todos los ciudadanos unos determinados valores y normas morales que muchos individuos rechazan. Ahí es donde aparece en toda su crudeza el problema del pluralismo moral y religioso en una sociedad democrática.

Si se quisiera realizar un catálogo de las virtudes cívicas consideradas en el mundo actual como más necesarias para la consecución del ideal humano en su dimensión cívica, se podría diseñar un cuadro bastante completo de dichas virtudes.

Para elaborar este breve elenco de virtudes cívicas hay que tener en cuenta que el lenguaje ético ha acuñado hace tiempo muchas de las expresiones que se pueden renovar mediante aportaciones actuales tanto de conceptos como de actitudes éticas.

Por otro lado, en un mundo dominado ya por el capitalismo global y por una exigencia de democratización en todos los países, este catálogo de virtudes adquiere connotaciones muy distintas a las virtudes cívicas de otros siglos. Un ejemplo evidente es la virtud cívica del patriotismo que durante siglos ha estado vinculada a los ejércitos nacionales, que estaban obligados a simbolizar el orgullo nacional y a defender la patria frente a todos sus enemigos potenciales o reales.

Hoy día, esa virtud cívica del patriotismo no goza de la misma legitimidad moral en muchos países y debe ser reinterpretada desde un punto de vista menos nacionalista, menos belicista y más pacifista, hasta el punto de que muchos ejércitos actuales están ya muy involucrados en tareas de “protección civil” y de “ayuda humanitaria”, al mismo nivel que en la “defensa de la patria”.

Un elenco de virtudes cívicas esenciales para el buen funcionamiento de la democracia debería incluir la prudencia, la tolerancia, el respeto a las leyes, la justicia, la solidaridad y la profesionalidad. Cada una de estas virtudes revela una dimensión social y cívica del ser humano sin la cual no existe una sociedad regida por la ética. Una sociedad democrática en la que no se eduque en estas virtudes a los niños y a los jóvenes no puede alcanzar una calidad de vida ética aceptable ni será una democracia guiada por la ética.

Las sociedades democráticas occidentales carecen en gran medida de estas virtudes y por eso los ciudadanos se suelen regir en su comportamiento individual y colectivo por motivaciones de índole jurídica y política, y no por motivos éticos. De todas las demás ya citadas, merece la pena destacar la virtud de la justicia porque es el quicio de toda la organización moral de una sociedad y la base de un civismo responsable. Sin justicia no puede haber soluciones estables ni universales en ninguna sociedad, ya que las injusticias son sin duda las que generan la mayoría de los problemas sociales y morales de nuestro tiempo.

3. Educar en los valores cívicos

¿Cómo se puede definir la ciudadanía desde un punto de vista ético, jurídico y político? A este respecto señalan acertadamente S. Giner y V. Camps que el término “ciudadanía” tiene en castellano una doble acepción que alude a dos conceptos.

Por un lado, la ciudadanía es el conjunto de hombres y mujeres que constituyen una comunidad política de personas iguales ante la ley, miembros de un Estado de Derecho; y en segundo lugar, alude a la condición que cada uno de nosotros posee de ser miembro de esa comunidad. Es un atributo que nos confiere el derecho al voto, el de presentarnos a las elecciones, el de recibir subsidios y pensiones o atención médica (si está previsto por la ley), el de que nuestros vástagos acudan a la escuela pública, y así sucesivamente. Como el dios Jano de los antiguos, la ciudadanía y el civismo poseen una doble cara que hay que analizar y comprender.

La noción de ciudadano y de ciudadanía es evidente que alude directamente a la libertad y los derechos de las personas, a algo conseguido tras siglos de sometimiento a sistemas de gobierno absolutistas que solamente querían súbditos y no ciudadanos. Por eso en las sociedades democráticas es preciso dotar a la educación cívica de los instrumentos adecuados para llevar a cabo su tarea. Y esa tarea de educar en valores morales y cívicos tiene que estar fundamentada en los Derechos Humanos y, en el caso español, en la Constitución democrática de 1978.

La fundamentación filosófica de los valores morales y cívicos debe ser ética y política y nunca partidista ni sectaria. Tiene que apoyarse en una reflexión sobre la libertad, la responsabilidad y la moralidad humana con el fin de trasmitir al alumnado una visión de aquellos valores morales y cívicos que permiten una convivencia en paz y en libertad. Pero no parece lógico ni posible que la educación ético-cívica se apoye en cosmovisiones cerradas y sustantivas del hombre y de la moralidad que se crean poseedoras de la verdad definitiva sobre el bien y sobre el mal. Se trata de fundamentar la vida social, el civismo, sobre valores universalizables (igualdad, libertad, justicia) que promuevan la tolerancia y el respeto hacia todas las personas, sea cual sea la religión, la ideología y la moral de cada uno.

Por eso no parece posible que las morales religiosas monoteístas sean el eje vertebrador de la ética cívica ni la inspiración de las leyes civiles, porque no ofrecen valores universalizables, sino doctrinas dogmáticas sobre el ser humano y morales heterónomas basadas en creencias subjetivas. La Historia de las religiones del Libro (judaísmo, cristianismo e Islam) es una prueba de que los monoteísmos tienden de por sí al dogmatismo excluyente y fomentan con frecuencia el fundamentalismo y el fanatismo.

Si la democracia es esencialmente un sistema de organización política y jurídica, no es menos cierto que sin el fundamento ético la democracia pierde legitimidad ante los ciudadanos y ve mermada su capacidad para mejorar la vida social.

Una democracia sin valores y principios éticos y que se convierta en un sistema puramente procedimental en el que lo único importante sea el modo de llegar al poder y de mantenerse en él, puede significar una cierta perversión del sistema de convivencia democrático por más que mantenga las apariencias legales del Estado de Derecho y del cumplimiento de las leyes. Un ejemplo de esa perversión de la democracia en España es el caso de la corrupción en determinados ámbitos de la política. No se puede generalizar ni criminalizar a todos los profesionales de la política, pero hay que reconocer que muchas conductas de los políticos están creando una gran desconfianza en los ciudadanos y un aumento del desinterés por los asuntos que a todos nos afectan.

De ahí que la “Educación para la Ciudadanía” debería ser un elemento importante en la educación de los niños y adolescentes.

Ya he señalado antes que los valores morales y cívicos que se trasmiten en el sistema educativo deben basarse en los derechos humanos. En la Declaración de Derechos Humanos se alude expresamente al significado profundamente cívico que tiene la educación en la sociedad.

En uno de sus artículos dice la Declaración: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (Artículo 26.2)

En el Artículo siguiente (27), se defiende también que los padres tienen derecho a elegir para sus hijos el tipo de educación que quieren darles. Es decir, que se garantiza la libertad de las familias a la hora de elegir los valores morales que se quieran trasmitir en el seno de la comunidad familiar, con independencia de que los Estados tienen la obligación de educar a los niños y adolescentes en los valores cívicos y democráticos. Los Estados democráticos europeos y de cualquier región del mundo no deben olvidar que la democracia es frágil y que las dictaduras totalitarias pueden acechar nuevamente y tratar de imponerse nuevamente en la sociedd. No se trata de que el Estado adoctrine política o moralmente, sino de cumpla con el mandato de formar ciudadanos críticos, solidarios y responsables.

En nuestras actuales sociedades la influencia de la escuela es mucho menor que en siglos anteriores y la necesidad de educar al ciudadano en valores cívicos desde las instituciones educativas debe enfrentarse a nuevos retos y enfocarse de modo distinto. Si el Estado-nación ha sido hasta ahora el encargado de trasmitir una educación cívica y política acorde con su historia propia y sus instituciones democráticas, en la época actual la condición de ciudadanía ha adquirido nuevos perfiles mucho más complejos, ya que vivimos en un mundo globalizado y multicultural en el que las sociedades no son ya un reflejo mimético de los Estados-nación y en el que la coexistencia de múltiples códigos morales y religiosos exige una nueva ética cívica y laica que sea universalizable.

En España, como en todos los países de la Unión Europea, se sigue hablando a los alumnos en la escuela de varios niveles de ciudadanía, pero no está claro todavía que esta Europa que estamos construyendo entre todos sea la Europa de los ciudadanos y de los pueblos; más bien, nuestro continente político se presenta todavía hoy como la Europa de los Estados-nación que la constituyen y que actúa en muchas ocasiones en función de los intereses nacionales.

Peor es la situación todavía si se reflexiona sobre la realidad de una educación para una ciudadanía cosmopolita, cuando muchos ciudadanos del mundo no pueden disfrutar de los más elementales derechos y libertades individuales, cuando todavía hay millones de seres humanos sometidos al hambre, a la enfermedad y a la incultura. Y muchos de los ciudadanos que aún no tienen reconocidos plenamente su condición de ciudadanos ya viven dentro de las fronteras europeas; sin embargo, siguen siendo víctimas de la exclusión social, del hambre y de la pobreza. No se puede olvidar que también dentro de la Unión Europea existen muchas personas con graves problemas para su inserción social y laboral.

En mi opinión, la educación en valores cívicos tiene que basarse en nuestro país en el referente común, el sustrato ético común compartido por todos los ciudadanos: la Constitución de 1978. En ella están de modo explícito los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político (Articulo 1). En ella reside la garantía jurídica y la exigencia ética del respeto a todas las personas y la igualdad de todos ante la ley. Para que todos los ciudadanos sintamos que la igualdad ante la ley es efectiva, es preciso que los derechos y libertades recogidos en la Constitución sean realmente garantizados a todos sin distinción de ningún tipo.

En los últimos años el tema de las identidades sociales, culturales, morales y religiosas que entran en conflicto entre sí es uno de los más apasionantes y difíciles, ya que la globalización actual y el hecho multicultural han hecho que tengamos que aprender a convivir desde las diferencias. Un estudio de Kwame Anthony Appie analiza a fondo todas estas cuestiones relativas a las identidades y culmina su trabajo defendiendo el “cosmopolitismo arraigado” y la “globalización de los derechos humanos”. Sus palabras me permiten concluir con una tesis a favor de un código ético universalizable del que ya he hablado antes: los derechos humanos.

Dice K.A.Appie: “Los derechos humanos son la única lengua moral vernácula de alcance universal que valida las denuncias de mujeres y niños contra la opresión de las sociedades patriarcales y tribales; son la única lengua vernácula que hace posible que las personas dependientes se perciban a sí mismas como agentes morales y actúen contra prácticas –matrimonios arreglados, purdah, limitación de los derechos cívicos, mutilación genital y esclavitud doméstica, entre otras – ratificadas por el peso y la autoridad de sus culturas.... Estos agentes buscan la protección que les brinda los derechos humanos precisamente porque ella legitima sus protestas contra la opresión”  [1]

A todas estas cuestiones de tipo teórico hay que añadir una última cuestión muy importante de tipo práctico; me refiero a que en una sociedad democrática todos los ciudadanos estamos sujetos al derecho, todos debemos obedecer las leyes, sea cual sea nuestro credo, nuestro gusto estético, nuestra moral, nuestra lengua familiar o nuestra identidad sexual. De ahí que la ética, la moral, el derecho y la religión estén tan interrelacionadas en la conducta humana; y de ahí también que el derecho tenga un poder coactivo universal e indiscriminado, ya que las leyes se hacen para ser obedecidas y nadie puede de modo caprichoso y continuo hacer objeción de conciencia contra las leyes democráticas de su propio país.

El respeto moral y legal a las identidades morales minoritarias en una sociedad multicultural plantea problemas difíciles de resolver, pero me parece que el respeto a las leyes y las explicaciones de la justicia ordinaria en las sentencias que condenan determinadas prácticas es más razonable que atender algunas demandas irracionales de grupos religiosos fanáticos o violentos.

Hace unos años, en 1996, se publicó un Informe que en España apareció bajo el título “La educación encierra un tesoro” y que fue coordinado por Jacques Delors. En él ya estaban prefiguradas cuáles eran las competencias básicas que un alumno o alumna debe poseer al terminar su período de escolaridad obligatoria. Se trata de los llamados “cuatro pilares de la educación”: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. [2]

A lo largo de los años siguientes los expertos de la UNESCO siguieron profundizando en estos temas y ya en 2004 la Unión Europea llegó a la noción de “competencia social y ciudadana” que es la Fundamentos filosóficos de la educación cívica intercultural 78que se ha utilizado en la reforma educativa promovida por la LOE (2006). Educar en la adquisición de esa competencia social y cívica es una tarea de todos y no solamente de la escuela.

4. La ética intercultural

En los últimos veinte años la transformación de la sociedad española en sus pautas culturales, morales y religiosas ha sido espectacular, la inmigración de extranjeros ha aumentado considerablemente y el auge de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación está cambiando nuestra percepción de la realidad social y cultural. Baste pensar que la globalización nos permite hoy hablar de una “aldea global” en todos los ámbitos de la cultura, de la economía y de la política.

Todos estos fenómenos que ya tienen reflejo en las aulas de todos los países europeos nos obligan a analizar la importante función social del sistema educativo.

El hecho multicultural ha pasado en pocos años a ser uno de los grandes temas de debate intelectual en todos los países desarrollados.

La coexistencia de diferentes grupos culturales en los mismos barrios, en las mismas ciudades y en las mismas aulas ha sido algo común en los Estados Unidos desde sus mismos orígenes históricos y por eso siempre ha estado presente en su vida social y ha tenido eco en la vida académica. Sin embargo, el tema del multiculturalismo ha empezado a estar en la agenda política y cultural europea desde hace pocos años.

Las sociedades europeas, y la española en particular, saben que la convivencia entre diferentes grupos religiosos con pauta morales tan diferentes exige un tipo de escuela y de cultura que sepa afrontar ese nuevo reto.

¿Cómo construir una convivencia democrática, libre y pacífica, sin unos valores y normas de ética pública que sean conocidas y aceptadas por todos? ¿Cómo enfocar el tema de las diferencias culturales desde una perspectiva integradora y no de enfrentamiento?

No es fácil dar una respuesta única y definitiva a estas preguntas, porque la historia social y cultural de cada país tiene recorridos y problemas diferentes y porque ni el asimiliacionismo ni la integración forzosa son soluciones adecuadas.

El primer paso que se debe dar en este campo es el diálogo intercultural entre los diversos grupos morales y religiosos que conviven en la sociedad española; pero ese diálogo no se puede reducir únicamente al diálogo interreligioso, porque hay otras opciones morales tan legítimas como las de los grupos religiosos; por ejemplo, el humanismo ateo y el humanismo agnóstico y el laicismo. No me parece correcto que el pluralismo moral no incluya ese tipo de humanismos, porque son representativos de una forma de pensar que tiene también muchos seguidores.

Por esa razón, la ética cívica que se pretende construir por medio de la educación y de la que se habla en muchos foros en España tiene que ser laica e intercultural y no solamente, como pretenden algunos, interreligosa.

Los valores morales en los que se debe fundamentar la nueva ética cívica propia de las sociedades multiculturales no pueden basarse en una determinada religión por dos razones claras.

La primera es que toda religión es particular; es decir, es el código moral y cultural de un determinado grupo y está muy vinculado a un determinado espacio geográfico y un concreto desarrollo histórico. Eso significa que la comunidad de creyentes de una determinada religión tiene una cohesión social basada en una fuerte identidad que en muchas ocasiones se opone a otros creyentes y trata de convertirlos a su fe. Creo que las grandes religiones del Libro que son monoteístas tienen una tendencia al monopolio de la verdad y del bien que no encaja fácilmente con la aceptación del pluralismo moral y religioso que exige la vida democrática. El particularismo y la exclusión de los diferentes son parte consustancial de la historia de las comunidades de fe, sobre todo de las grandes religiones monoteístas.

En segundo lugar, la esencia filosófica propia de las religiones es la fe, la creencia en una serie de valores espirituales que están por encima de la racionalidad humana y que se apoyan en la creencia en dogmas indiscutibles e indemostrables. Eso quiere decir que los valores morales que defiende para sus fieles y para los demás no están tampoco sometidos a la crítica y al debate racional. Por lo tanto, la mayoría de las religiones tienen en su propia naturaleza la necesidad de imponer a los demás su propio código moral y de conducta, pues cada una se cree en posesión del bien moral. La historia nos muestra que el fanatismo, la violencia y las guerras han tenido en muchas ocasiones su origen en las religiones, aunque también respondiesen a intereses económicos y políticos. La identidad religiosa y su estrecha vinculación con la identidad moral, social y política en muchas comunidades sigue siendo causa de enfrentamiento hoy en día en numerosos lugares del mundo. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y el 11 de marzo de 2004 en Madrid fueron la más cruel expresión del fanatismo de origen religioso, en este caso de grupos islamistas.

Los sistemas educativos tienen el deber de informar sobre la historia de las religiones y de dar a conocer sus tradiciones, pero sobre todo deben educar en la prevención del fanatismo, de la intolerancia y de la violencia. Las religiones también tienen elementos axiológicos positivos que pueden y deber ser preservados en nombre de un humanismo abierto a todos los valores, pero no se puede olvidar que actualmente son los derechos humanos el único código ético universalizable capaz de permitir una convivencia entre todas las culturas y religiones.

Los sistemas educativos europeos y, por lo tanto, también el español, están siendo sometidos a una continua reconversión para adaptarse a las nuevas necesidades sociales y económicas que lleva consigo la transformación de la sociedad neocapitalista actual.

La convivencia en una sociedad multicultural exige que los niños y jóvenes aprendan a ser racionales, críticos, solidarios y justos. En un ambiente de creciente pluralismo moral y religioso no es posible ya educar en España como en las épocas del nacional-catolicismo, sino que es necesario dotar al alumnado de los instrumentos intelectuales y actitudinales para que aprendan, en el marco de los derechos humanos, a ser demócratas y a convivir con los diferentes.

Durante muchos años se ha dicho que la escuela está al servicio de la sociedad y que debe formar ciudadanos para la integración en esa sociedad; sin embargo, también debemos preguntarnos si la sociedad no debería estar también al servicio de la escuela y preocuparse realmente de la educación atendiendo a sus necesidades, sobre todo las de la escuela pública que es la única que puede ofrecer la igualdad de oportunidades para todos. Las sociedades democráticas tienen que considerar el sistema educativo como un laboratorio de prácticas democráticas en el que no solamente se hable de democracia sino que se ejerciten realmente los valores y las actitudes democráticas en todos los estamentos del sistema educativo (profesores, alumnos y padres).

La escuela debe estar abierta a la sociedad y formar parte de un determinado contexto social y comunitario. La educación para la ciudadanía no puede quedarse reducida al ámbito académico sino que tiene que salir de las aulas para convertirse en una ciudadanía activa, en una ciudadanía capaz de involucrarse en la vida de la comunidad local y en los problemas nacionales e internacionales.

Para terminar este artículo me gustaría aportar una reflexión que vincula la Educación para la Ciudadanía con el nuevo tipo de sociedad multicultural en el que ya vivimos. Me refiero a que el tipo de centros educativos que hemos heredado del pasado no es quizás el más apropiado para la sociedad actual.

El modelo de centros escolares hasta ahora vigente estaba constreñido por unos tiempos y unos espacios escolares bastante rígidos e inflexibles marcados por las exigencias de los currículos y las cuestiones académicas. El profesorado durante muchos años ha tenido ante todo una función docente y ha desarrollado esencialmente tareas académicas como profesor. Sin embargo, en los últimos años se viene hablando con razón de la necesidad de que los profesores y profesoras se sientan y actúen también como educadores y educadoras, sobre todo en Secundaria y Bachillerato.

Los cambios económicos, sociales y culturales de la sociedad española exigen que la función social de la escuela sea enfocada desde otras perspectivas. El modelo familiar ha cambiado profundamente en España y las condiciones económicas y sociales de muchas familias han obligado a profundas transformaciones en el modo de vivir. Por eso los centros educativos se ven sometidos a nuevas demandas profesionales que antes no se le exigían al docente.

Si la escuela forma parte del tejido social en el que está inserta, entonces tiene la responsabilidad de formar ciudadanos con los valores cívicos y democráticos propios de nuestro tipo de sociedad. Educar en la escuela hoy en día no es solamente proporcionar los conocimientos necesarios al alumnado para que puedan ejercer en el futuro una determinada profesión, sino que implica también colaborar con las familias en la orientación del alumnado, participar en la vida del centro mediante actividades complementarias y extraescolares y formar en valores cívicos y democráticos que permitan a los jóvenes apreciar adecuadamente el profundo sentido ético de los valores democráticos y de las instituciones que representan a los ciudadanos.

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos no debe ser únicamente una asignatura teórica ni una cuestión meramente conceptual.

El objetivo de los centros educativos es ir formando a los niños y jóvenes en una ciudadanía activa en la que aprendan a participar en la vida del Centro y en actividades comunitarias insertas en la vida del barrio, de la ciudad o del pueblo. Aprender a ser demócrata es ante todo aprender a poner en práctica los valores y las reglas de la democracia con espíritu crítico, con racionalidad y con responsabilidad.

El código de una ética laica e intercultural es algo que se debe construir entre todos desde la escuela, pero no solamente con palabras sino sobre todo con hechos.

Notas

[1] Appiah. K.A.(2007) La ética de la identidad. Ed.Katz. Buenos Aires : p.369

[2] Cfr.AAVV. (1996) La educación encierra un tesoro. Madrid: Ed.Santillana-Unesco. p.96- 109

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