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Índice

Sobre esta Unidad Didáctica

Cómo utilizarla

Educación Intercultural

Educación Intercultural y género

Democracia participativa y convivencia

Resocializacion del profesorado

Planificación del centro escolar

Competencia intercultural

Educación intercultural y pueblo gitano

Interculturalidad y TIC

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Por Luís María Cifuentes y Juan Gómez Lara

Educación intercultural y democracia participativa en el ámbito educativo

Por Luis María Cifuentes

Para que lo intercultural emerja con fuerza en nuestro sistema educativo español es urgente que se profundice teóricamente y se practique realmente la deliberación y la participación en la sociedad y en la escuela. Es prioritario que la sociedad española comprenda en todas sus dimensiones la noción de democracia deliberativa. Y luego, posteriormente, se hará más inteligible la noción y la práctica de la democracia participativa.

INTRODUCCIÓN

En un documento reciente del Consejo de Europa (abril de 2011) un grupo de expertos de diferentes países europeos, entre los que figuraban Javier Solana y Emma Bonino, publicaron un documento titulado “Vivir juntos; combinando diversidad y libertad en la Europa del siglo XXI” . En dicho Informe se plantean una serie de amenazas que se ciernen sobre la convivencia democrática entre grupos humanos que coexisten en el seno de las sociedades europeas. Entre los riesgos evidentes de fractura social y de segregación y discriminación social y cultural el Informe señala los siguientes: Aumento de la intolerancia, creciente apoyo a partidos xenófobos y populistas, discriminación, presencia de poblaciones virtualmente sin derechos, sociedades paralelas, extremismo islámico, pérdida de libertades democráticas y posible choque entre la libertad religiosa y la libertad de expresión.

El documento analiza a fondo el significado de todas estas amenazas en su realidad actual y desde una prospectiva de futuro, tratando de poner en evidencia cuáles son los factores que están causando este tipo de fenómenos sociales y culturales y cómo pueden abordarse desde la política común europea. Es muy interesante subrayar que el Informe pone el acento en cuatro factores como los causantes principales de estos preocupantes fenómenos. Estas cuatro causas son la inseguridad, la inmigración, la imagen distorsionada y estereotipada de las minorías en los medios de comunicación y la crisis de liderazgo.

Este Informe del Consejo de Europa intenta ofrecer un elenco de posibles soluciones a estos problemas derivados de la combinación entre la diversidad y la libertad de los individuos y los grupos en el seno de las complejas sociedades europeas.

Los expertos y expertas son conscientes de la dificultad de este empeño y por ello proponen que las políticas sociales que los gobiernos europeos promuevan en el siglo XXI deben contar con numerosos actores sociales para poder alcanzar sus objetivos. Entre los actores principales señalados por el Informe figuran en primer lugar los educadores y educadoras.

¿Por qué se señala al grupo de educadores como primer protagonista de los cambios de actitudes en los ciudadanos?

Porque el de los educadores es uno de los grupos que tiene en sus manos la posibilidad de influir con más eficacia en la erradicación de los prejuicios, estereotipos y actitudes xenófobas y racistas que se van inoculando diariamente en las mentes de los niños, niñas y adolescentes de toda Europa.

La educación es uno de los instrumentos esenciales de que disponen los gobiernos europeos para prevenir los posibles conflictos derivados de una confrontación violenta entre diferentes grupos culturales, religiosos y sociales que no saben o no quieren promover el diálogo intercultural, el respeto a los diferentes y el cumplimiento de las leyes democráticas. Los sistemas educativos europeos se han ido adaptando en las últimas décadas a la realidad de la inmigración y al hecho multicultural, pero hay muestras evidentes de que muchas ciudadanas y ciudadanos europeos no comprenden o no quieren comprender ni aceptar que la convivencia democrática exige a todos una nueva manera de ser españoles, franceses, alemanes, etc. y también un nuevo modo de ser y vivir como europeos. El contexto social y cultural de cada país y de toda Europa ha cambiado tanto que pensar en una identidad europea tradicional y anclada en el pasado como la de hace 20 o 30 años, ya no tiene apenas sentido. La hibridación cultural es irreversible y el respeto a las diferencias tiene que ser conjugado con la aceptación de las leyes civiles por todos los ciudadanos, sea cual sea el origen cultural o religioso de cada grupo o de cada persona.

¿Cuáles serían las exigencias de una educación intercultural?

El objetivo de una educación intercultural es mucho más ambicioso que la simple coexistencia en la escuela o en el ámbito escolar de diferentes grupos culturales o religiosos. La mayoría de los currículos actuales y los métodos de enseñanza aplicados en los sistemas educativos europeos no han sido elaborados desde una perspectiva intercultural ni tampoco ha sido superado el prejuicio eurocentrista en nuestra visión de la historia, la geografía y las Humanidades. Para conseguir dotar a los sistemas educativos europeos de una visión universal e intercultural que tenga en cuenta las ricas aportaciones de otras culturas al patrimonio de la Humanidad, hay que crear nuevos materiales didácticos en todos los niveles educativos y hay que formar al profesorado en el conocimiento y aprecio de otras culturas que ya están presentes en las escuelas europeas. Estas exigencias se han trasladado ya a los sistemas educativos europeos bajo la forma de recomendaciones del Consejo de Europa en 2008.

¿Con qué herramientas contamos para reavivar la participación en la escuela en el marco del ejercicio democrático?

La LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) de 1985 supuso un cambio legislativo importante para el sistema educativo español. Aquella ley estableció las pautas y mecanismos de la participación escolar democrática en todos los centros escolares, tanto públicos como concertados. La constitución del Consejo Escolar del centro es obligatoria en todos los colegios o niveles sostenidos con fondos públicos. Sólo los centros financiados con capital privado, no sujetos al concierto, están exentos de constituir el consejo escolar.

La LOPEG de 1995 quiso rellenar algunas lagunas legislativas y buscar soluciones al problema de la dirección en los Centros Públicos y apenas si consiguió algunos de sus objetivos.

El Consejo Escolar del centro es el órgano de gobierno colegiado en el que están representados todos los miembros de la comunidad educativa. Su composición y funciones, con algunas diferencias entre los centros públicos y los privados concertados, están recogidas en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Es el máximo órgano de representación de un Centro educativo y en él se adoptan las decisiones que afectan a toda la comunidad educativa, con independencia de que el Claustro de Profesores es el órgano más representativo del profesorado que tiene a su cargo la dirección pedagógica y académica del Centro escolar. A pesar de las bondades de la LODE, el ejercicio de la democracia escolar ha entrado en una fase de apatía y de indiferencia que merece la pena analizar. ¿Por qué desde 1986 en que se celebraron con todo éxito las primeras elecciones a los Consejos Escolares en toda España han ido decayendo el interés y la participación de padres, profesores y alumnos en estos órganos colegiados?

¿Qué factores explican este progresivo desinterés por la participación escolar? ¿Quizás los mecanismos de participación y de toma de decisiones son poco transparentes y eficaces?

Sin duda la participación de las familias en la escuela pública tropieza con unas dificultades mayores que en la implicación de estas en las escuelas concertadas. En la última década la llegada de hijas e hijos de inmigrantes en la red de centros públicos ha traído como consecuencia un menor grado de conocimiento y participación de muchas familias en la gestión de los Centros escolares; pero tampoco en los centros públicos cuyo alumnado es mayoritariamente español, las familias participan más en la vida de los Centros.

Quizás haya que buscar otras causas como la falta de apoyo institucional, la falta de información y la falta de transparencia lo que ha motivado que poco a poco la participación de las familias haya ido disminuyendo hasta niveles íni mos. A ello hay que añadir que los alumnos y alumnas que participan como representantes de sus compañeros en los Consejos Escolares no están en la mayoría de ocasiones preparados ni interesados en ello y la responsabilidad de esa desinformación y desinterés recae sobre todo en la dirección de los Centros escolares.

Con motivo de la implantación de la nueva materia “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” en 2006 se produjo en cierto círculos académicos un debate sobre el origen, significado y límites de los principios y valores democráticos” en la sociedad española. Desde mi punto de vista, el tema nuclear de este debate es si el profesorado debe fomentar el conocimiento y la práctica de los valores democráticos en el ámbito escolar o eso es ya una forma implícita de adoctrinamiento que no debe ser admitida en la escuela.

Los defensores de la educación democrática en la escuela, entre los que me incluyo, sostenemos que educar en los valores de igualdad, libertad y respeto al pluralismo político, moral y religioso no es adoctrinar, sino que es fomentar la práctica de los Derechos Humanos ya que su fundamento está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución de 1978; y además, es deseable que los niños, niñas y adolescentes se eduquen en los valores y principios democráticos porque son superiores a los de la dictadura y del autoritarismo. El método para inculcar esos valores en el aula no es de la imposición dogmática ni el de la coacción física ni psíquica, aunque es cierto que se proponen como valores dotados de una superioridad moral y política frente a sus contrarios, como el fanatismo, la intolerancia, la falta de respeto al diferente y la injusticia social.

Esta visión de la democracia no impide, sino que, al contrario exige, una crítica y una autocrítica del funcionamiento real de la democracia en nuestro país y en eso estoy de acuerdo con ciertas críticas del Movimiento del 15 M. La democracia representativa tiene lagunas y déi cits que es preciso corregir tras treinta años de democracia en España. Las instituciones, los partidos, los sindicatos y todas las instancias jurídico-políticas del Estado español necesitan una regeneración moral y democrática muy profunda.

Para revitalizar la vida democrática en los centros escolares se hace urgente una revisión de la legislación vigente y del funcionamiento de los órganos y mecanismos de participación de las familias, del alumnado y del profesorado en la vida de la comunidad escolar. Creo que el defecto fundamental de la actual apatía y desinterés de los distintos sectores de la comunidad escolar por la participación democrática en los Centros reside en la “burocratización” y “formalización” de los procesos electorales en los que se deciden los Consejos Escolares y las direcciones de los Centros. Las leyes, lo sabemos bien los profesores, no transforman por sí mismas la realidad escolar ni las actitudes de los agentes educativos; son simplemente el marco legal al que hay que ajustar las conductas, pero no las modii can. Durante muchos años, más de veinte, he participado en Consejos Escolares, y he comprobado cómo la rutina y la burocracia han ido asi xiando la vitalidad democrática de la comunidad educativa. La democracia no es solamente un proceso formal consistente en rellenar papeles y documentos que certii can los procesos electorales como sucesos sociales, sino que es, sobre todo, deliberación y participación de todos en los asuntos que nos incumben a todos.

Habla de educar en la democracia deliberativa. ¿A qué se refiere?

Para que lo intercultural emerja con fuerza en nuestro sistema educativo español es urgente que se profundice teóricamente y se practique realmente la deliberación y la participación en la sociedad y en la escuela. Es prioritario que la sociedad española comprenda en todas sus dimensiones la noción de democracia deliberativa. Y luego, posteriormente, se hará más inteligible la noción y la práctica de la democracia participativa.

La noción democracia deliberativa fue creada por el estadounidense Joseph M. Bessette en 1980, que la reelaboró de nuevo en 1994. Desde entonces, numerosos i lósofos y politólogos (Jon Eslter, Jürgen Habermas, Carlos Santiago Nino, Amy Gutman y otros) han contribuido a desarrollar la concepción deliberativa de la democracia porque se ha comprendido que una democracia sin argumentación y deliberaciones públicas no tiene calidad ni profundidad. Se trata de una renovación a fondo del concepto de democracia representativa, que tiene el peligro de tender a imponer a todos lo que piensan los expertos o lo que dictan las mayorías.

¿Cuáles son los ejes fundamentales de la democracia deliberativa?

En primer lugar no se trata de una alternativa radical a la democracia representativa, sino su profundización y su renovación desde varias dimensiones. El sentido de la deliberación es que la legitimidad de las leyes elaboradas en el Parlamento responda a un proceso de construcción de consensos y de disensos en los que la regla de la mayoría se “imponga” a las minorías de otro modo. Es decir, que las propuestas legislativas que están en el origen de las nuevas leyes sean conocidas por los ciudadanos, sean argumentadas y debatidas públicamente y se logren ciertos acuerdos basados en razones de bien común y no en simples intereses económicos de los grupos dominantes. Para los que defendemos el valor democrático y dialógico de la i losofía este modo de entender la democracia como deliberación racional y búsqueda de acuerdos en función del bien común es muy importante. La actividad i losói ca que surgió en la “polis” ateniense del siglo IV a.C. tuvo en el ejercicio del diálogo y de la argumentación las mejores armas frente al poder del más fuerte y a la violencia de los guerreros.

Es evidente que la historia ha evolucionado mucho desde la época clásica griega del siglo IV a.C. hasta hoy y que la sociedad global actual es muy diferente a la griega. Sin embargo el valor del “logos” como instrumento de argumentación y el intercambio de argumentos sobre los asuntos públicos siguen siendo un rasgo humano universal y propio de todas las sociedades humanas. Baste con citar el gran texto de Aristóteles sobre el lenguaje humano para comprender su extraordinaria actualidad. Dice así: La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja o cualquier otro animal gregario, es clara… Sólo el hombre, entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer; por eso, la tienen también los animales… En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los animales: poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones.

En este texto aristotélico se muestra con total claridad la exigencia de que la palabra y el diálogo deben estar al servicio de la búsqueda de la justicia y del bien entre los seres humanos. Cuando la posibilidad de utilizar el lenguaje para investigar sobre la justicia se torna inviable, entonces la vida social se convierte en una selva en la que impera únicamente la ley del más fuerte. ¿No se está llegando en nuestro mundo actual a un tipo de sociedad en la que unos pocos, los más poderosos, imponen a la gran mayoría sus injustas decisiones? ¿Por qué solamente un 20% de la población mundial vive bien y un 80% vive en condiciones infrahumanas? En las democracias actuales, el poder de los medios de comunicación para inl uir en la opinión de la ciudadanía es enorme. La deliberación y los debates sobre los temas que nos afectan en la vida cotidiana están en gran parte manipulados por informaciones sesgadas, parciales y tendenciosas. Por eso, la deliberación exige un acceso a una información imparcial y unas posibilidades de debate real mucho más exigentes que las actuales.

En este contexto de regeneración democrática que exige mayor deliberación y mayor participación, el tema del diálogo intercultural adquiere una relevancia extraordinaria.

La laicidad aparece entonces como el único proyecto de convivencia democrática y de emancipación personal en un mundo dominado por los intereses económicos, políticos y religiosos. Las religiones constituyen un patrimonio cultural, una gran tradición y una herencia moral inmensa que es preciso conocer y valorar, pero la historia y la sociología muestran que es preciso ir más allá del diálogo interreligioso. En el mundo globalizado y multicultural de nuestros días, el diálogo intercultural debe apoyarse en razones éticas y normas morales universalizables basadas en los derechos humanos; y estos derechos sociales y libertades individuales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) son equiparables a los principios y valores de una ética laica y cívica universalizable.

¿La democracia deliberativa da entonces un paso más allá de la representativa?

La democracia deliberativa plantea un tipo de participación mucho más exigente que los simples votos que los ciudadanos emitimos periódicamente en los regímenes democráticos. La deliberación requiere que los ciudadanos seamos protagonistas activos de nuestras opiniones sobre la legitimidad de las leyes con las que se nos pretende gobernar. Por eso, la actividad deliberativa exige también nuevos modos de participación que permitan a todos los ciudadanos comunicar a los representantes democráticos las ideas y los argumentos que tienen los ciudadanos sobre todos los asuntos públicos que nos atañen. Pero muchos ciudadanos se sienten hoy decepcionados con sus dirigentes y con sus sistemas de representación democrática parlamentaria; y no porque no se prei era la democracia a cualquier tipo de régimen político, sino porque la participación se reduce casi siempre a un simple voto sin capacidad posterior de control de la acción de gobierno.

Como conclusión, se puede ai rmar que la educación intercultural está estrechamente relacionada con el ejercicio de la democracia y de la ciudadanía activa, tanto en el sistema educativo como en el ámbito social. La interculturalidad es un proyecto democrático, cívico y laico que exige la deliberación y la participación de todos. Para ello, el diálogo intercultural y la cooperación desinteresada deben ser los ejes fundamentales sobre los que descansa ese proyecto. Una ciudadanía activa es aquella que reconoce y acepta las diferencias culturales, pero lucha por una democracia basada en la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo.

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